El derecho al olvido no prevalece sobre el derecho a la información
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El derecho al olvido no prevalece sobre el derecho a la información

Internet permite que millones de personas de todo el mundo puedan acceder de forma muy simple a una gran cantidad de información sobre cualquier materia. Esto incluye datos personales de ciudadanos de cualquier parte del planeta que, por alguna razón, fueron publicados en boletines oficiales, periódicos, blogs o portales web. Para algunas de estar personas, los acontecimientos de su pasado que fueron indexados y aparecen al realizar una consulta en buscadores como Google se ha convertido en una pesadilla que dificulta su vida y reclaman el derecho al olvido en Internet pidiendo que la compañía de Mountain View borre los datos que les afectan.

Recientemente, la Abogacía General de la Unión Europea ha emitido un informe que afecta directamente a todos aquellos que reclaman su derecho a que la información personal que se publicó en un momento dado sea eliminada por los buscadores cuando los afectados lo soliciten. Sin embargo, este informe no es favorable para ellos pues el organismo europeo considera que el obligar a los buscadores a borrar datos es una injerencia en la libertad de expresión y el derecho a la información. En sus conclusiones, emitidas en relación a una batalla legal iniciada por un ciudadano español contra Google en 2010, la Abogacía argumenta que la compañía estadounidense no es responsable de lo que lo que aparece en los resultados de búsqueda pues tan sólo se limitan a indexar lo que las webs publican pero no tratan la información de ninguna manera. Aunque la sentencia final de este caso que se está tratando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será pública hasta finales de este año, parece poco probable que contravenga las recomendaciones de la Abogacía, lo que haría que las más de 150 solicitudes similares que están pendientes en España no tendrían ninguna esperanza de prosperar.

A juicio de los expertos, estos casos son consecuencia del desfase existente entre tecnología y leyes, y argumentan que deben agilizarse los procesos legislativos que garanticen la privacidad de los ciudadanos en la red. A pesar de que el Parlamento Europeo aprobó el año pasado un Reglamento de Protección de Datos muy ambicioso, éste no entrará en vigor hasta dentro de cinco años y, al ritmo que evoluciona Internet, es probable que a esas alturas ya esté obsoleto.

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